La discusión sobre la reforma laboral en Argentina volvió a ocupar el centro del debate público, pero no como un proceso de ampliación de derechos sino como una propuesta que, según numerosas voces críticas, profundiza la precarización laboral y legaliza condiciones ya existentes en los sectores más explotados del mercado de trabajo.
La propuesta de reforma laboral impulsada por Javier Milei se apoya, según sus críticos, en las legislaciones más explotadoras ya vigentes, no para corregirlas sino para extenderlas al conjunto de los trabajadores. Los que redactan la ley hasta mencionan casos como lo de la Minera Alumbrera, donde los empleados cumplen esquemas de 14 días de trabajo de 12 horas por 10 días de descanso.
Obvian en el análisis que este tipo de régimen fue concebido originalmente para situaciones excepcionales, actividades de alto riesgo o zonas geográficas aisladas y pretenden exponer como argumento esta situación (que debe revisarse para mejorar las condiciones de los trabajadores) para generalizar un modelo similar a múltiples rubros, transformando lo extraordinario en regla.
Si ese es el camino lo único que se puede esperar es una reforma que no crea empleo de calidad, sino que abarata el costo del trabajo reduciendo derechos, salarios y condiciones laborales. En lugar de elevar el piso, nivela para abajo, empujando a todos los trabajadores hacia esquemas más precarios.
¿Hace falta una reforma laboral?
Uno de los consensos más extendidos es que la reforma laboral es necesaria. Argentina arrastra niveles crónicos de informalidad, con millones de personas que trabajan sin aportes jubilatorios, obra social ni protección legal. El problema no es discutir cambios, sino cómo y para quiénes.
La crítica central señala que lo que se intenta instalar como necesario no integra a los excluidos, sino que les quita derechos a los que aún los conservan. En lugar de formalizar al trabajador informal, informaliza al trabajador registrado.
Así, el discurso de la modernización encubre una transferencia de poder: menos derechos para el trabajador y más libertad para el empleador, en un contexto de alta desocupación y necesidad económica.
Un dato que generó fuerte polémica es la participación de Julián de Diego, abogado laboral y asesor de Rappi, como uno de los supervisores de la redacción de la reforma laboral. La presencia de referentes ligados a empresas de plataformas, caracterizadas por la uberización del trabajo, refuerza las sospechas sobre el verdadero objetivo de los cambios.
La lógica es conocida: aprovechar la necesidad económica, enfrentar a trabajadores formales con informales, desocupados con ocupados, jóvenes con adultos. Una estrategia de “pelea pobre contra pobre” que desvía la atención de los verdaderos beneficiarios del sistema.
La reforma laboral no es una discusión técnica ni neutra. Define qué tipo de sociedad se construye, quién asume los costos de la crisis y qué lugar ocupa el trabajo en el proyecto de país. Reformar no puede ser sinónimo de quitar derechos, ni modernizar puede significar retroceder un siglo. Sin un Estado presente, sin educación fuerte y sin un sistema impositivo justo, cualquier reforma laboral será apenas una legalización de la precariedad existente.
