El pasado tres de junio las calles volvieron a teñirse de militancia, dolor y un reclamo que lejos de adormecerse se profundiza con los años. El movimiento feminista regresó al espacio público no para negociar mejoras superficiales sino para plantear un ultimátum absoluto a las gestiones de gobierno en sus niveles nacional, provincial y municipal. La masividad de la convocatoria demostró que, a pesar del miedo y del aletargamiento que pretenden imponer las coyunturas políticas actuales, la urgencia de resguardar las vidas de las mujeres y las disidencias sigue siendo una prioridad colectiva insoslayable.
Sin embargo, el tratamiento de esta problemática expone severas falencias tanto en las estructuras del poder público como en las coberturas mediáticas dominantes. En los últimos tiempos, la agenda de comunicación masiva ha recurrido con insistencia a la megaexposición y a la cosificación de niñas y adolescentes que resultaron víctimas de la violencia machista. Esta exhibición desmedida de rostros, identidades e historias íntimas no representa un ejercicio de justicia ni de concientización, sino una forma directa de violencia mediática que reproduce el daño sobre los cuerpos y las memorias de quienes padecieron los peores flagelos. Al centrar la mirada de manera obsesiva en las víctimas y en los detalles escabrosos de sus vidas, los discursos hegemónicos eluden de manera sistemática poner el foco sobre los verdaderos responsables: los agresores y la complicidad por omisión del andamiaje gubernamental.
La realidad estadística construida por los registros oficiales revela un panorama desolador que no puede asimilarse a un hecho fortuito. Los datos recopilados demuestran que en el territorio nacional un hombre se convierte en femicida con una regularidad alarmante que promedia pocas decenas de horas entre cada crimen. Frente a esta tragedia continua, resalta el anonimato protector que cobija a los victimarios. Los rostros de los agresores no inundan las pantallas, sus círculos de pertenencia no sufren el escrutinio social y sus identidades rara vez se vuelven virales con la misma virulencia con la que se desmenuzan las trayectorias de las afectadas. Existe una clara desproporción que despoja a las víctimas de su derecho a la identidad, a la protección de datos personales y a la dignidad, incluso después de haber perdido la vida.
Este escenario cobra una dimensión aún más compleja al analizar los giros ideológicos que guían la administración del Estado. En la actualidad, se observa la consolidación de discursos conservadores y de derechas que planifican sus modelos de gestión con una perspectiva de largo plazo asentada sobre la quita de derechos. Esta avanzada institucional opera mediante un desmantelamiento sistemático de las herramientas de prevención, contención y acompañamiento que históricamente protegían a los sectores vulnerabilizados. La desactivación de programas de asistencia, la reducción presupuestaria en materias de equidad y la desarticulación de ministerios y secretarías específicas no constituyen meros descuidos administrativos, sino una decisión política consciente que agudiza la desprotección y valida el odio estructural dentro del tejido social.
El impacto material y simbólico de estas políticas de abandono permite trazar analogías profundas sobre el carácter del daño infligido. Cuando las redes de contención pública se retiran y la vulneración se vuelve planificada, los crímenes individuales dejan de ser hechos aislados para convertirse en feminicidios de Estado. Esta categoría teórica e histórica pone en evidencia que el sector público resulta penalmente responsable cuando falla en sus obligaciones fundamentales de prevención y resguardo. Bajo esta óptica, cada pérdida ocurrida en un contexto de desfinanciación estatal cuenta con una participación activa del propio Estado por medio de su negligencia programada. Las consecuencias de este esquema socioeconómico también se traducen en términos de clase: las mujeres y las disidencias continúan siendo el pilar fundamental que sostiene el sistema de reproducción del capital, pero al mismo tiempo padecen los índices de empobrecimiento y precarización más severos de la estructura laboral.
La ofensiva institucional no se agota en la asfixia presupuestaria, sino que avanza hacia el terreno legislativo con iniciativas destinadas a sembrar el temor entre quienes deciden denunciar. Entre los proyectos más controvertidos destaca la propuesta impulsada por legisladores que busca tipificar y sancionar de manera severa las denominadas denuncias falsas en contextos de violencia intrafamiliar y de género. Lejos de perseguir una transparencia procesal, estas normativas representan una estrategia jurídica de amedrentamiento legal y revictimización criminal contra las sobrevivientes de abusos. Al imponer penalidades rigurosas sobre las denunciantes en marcos judiciales históricamente patriarcales y carentes de perspectiva de género, se desalienta la búsqueda de auxilio institucional, dejando desprotegidas incluso a las infancias que transitan situaciones de vulnerabilidad extrema. Estas lógicas legislativas pretenden moralizar y disciplinar los cuerpos de las mujeres mediante la coacción penal, legitimando la violencia desde las mismas oficinas que deberían proveer amparo.
El panorama territorial refleja dinámicas similares de extrema gravedad en jurisdicciones de gran peso demográfico. La provincia de Santa Fe se consolida como uno de los distritos más violentos de la geografía nacional, registrando tasas preocupantes de homicidios motivados por cuestiones de género en los períodos recientes. Pese a que la gobernación de Maximiliano Pullaro orienta de manera insistente su discurso hacia la persecución criminal y la reparación de daños derivados del delito, el enfoque de la seguridad pública prescinde habitualmente de un eje centrado en la protección de las mujeres en riesgo de vida. Las demandas vecinales y de las organizaciones sociales exigen un cambio radical de prioridades para detener la sangría que azota a los barrios santafesinos, donde las listas de víctimas en proceso de investigación judicial o con fallos pendientes continúan acumulando nombres propios que representan vidas truncadas y familias destruidas.
La impunidad y el dolor se entrelazan de igual modo en la memoria colectiva del país a través de contrastes simbólicos sumamente ásperos. Mientras la sociedad celebra grandes hitos de comunión popular o triunfos deportivos masivos, los indicadores de violencia letal no disminuyen su marcha, dejando una estela de crímenes que se acumulan a la par de los festejos públicos. Este recordatorio constante de la crudeza cotidiana ratifica que el miedo y el sufrimiento operan como factores de crianza y socialización forzada para vastos sectores de la población desde la temprana infancia. Se trata de un linaje de opresión que antecede a las generaciones vigentes y que conecta las experiencias de abusos esporádicos, silbidos callejeros y violencias extremas sufridas por bisabuelas, abuelas y madres a lo largo de la historia.
El abordaje que realizan las fuerzas policiales y los funcionarios del poder judicial durante las conferencias de prensa y los operativos de búsqueda también ratifica la urgencia de una reforma estructural. El tratamiento de las desapariciones suele asemejarse más a una recolección de datos mediáticos que a una investigación penal respetuosa de los derechos humanos y de la integridad de las personas. La espectacularización de los procesos judiciales vacía de contenido político el legítimo reclamo de justicia y desvía la atención de la impunidad con la que operan las criminalidades organizadas y las redes de trata.
Frente a un panorama donde el odio institucionalizado busca consolidarse en los tres niveles del aparato estatal, la persistencia del movimiento de mujeres se erige como la única barrera de resistencia ante el desmantelamiento de los derechos conquistados. La movilización perpetua en las calles y la denuncia incesante de las tramas de impunidad política representan herramientas fundamentales para revertir la precarización sistematizada y disputar el sentido de la justicia. Nombrar a cada una de las ausentes y visibilizar el rol activo del Estado en la producción de la violencia machista constituyen pasos indispensables para que el lema que convoca a multitudes deje de ser una consigna de duelo y se transforme en una realidad efectiva donde vivir no sea un peligro latente.
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