La República Argentina atraviesa un proceso de transformación económica radical que está reconfigurando el mapa productivo del país. Bajo la premisa de una estabilización macroeconómica y la apertura de los mercados al mundo, el tejido industrial nacional enfrenta uno de sus desafíos más existenciales. Los recientes informes de diversas cámaras empresariales, sumados al monitoreo constante de la actividad fabril, pintan un panorama de incertidumbre y retroceso que afecta a las principales arterias del trabajo argentino.
A nivel país, el fenómeno de la desindustrialización ha dejado de ser una amenaza teórica para convertirse en una realidad tangible en los parques industriales de Buenos Aires, Córdoba y el resto de las provincias. El cambio de paradigma económico ha desplazado el eje de la producción local hacia la comercialización de bienes terminados provenientes del exterior. Este giro, impulsado por una política de apertura comercial sin filtros previos, ha generado que miles de establecimientos que antes fabricaban piezas, textiles o electrodomésticos, hoy se vean reducidos a meros depósitos de logística para productos extranjeros.
El impacto nacional se traduce en una reducción drástica de la mano de obra calificada. Sectores estratégicos como el automotriz, el metalmecánico y el de línea blanca han reportado despidos masivos y el cierre de plantas enteras. La competencia con productos importados, muchas veces en condiciones de dumping, ha dejado a la pequeña y mediana empresa argentina en una situación de total vulnerabilidad. Mientras el discurso oficial resalta la importancia de la competencia, los industriales advierten que no se puede competir cuando los costos de energía, logística e impositivos locales triplican a los de los países exportadores.
Santa Fe bajo el asedio de las importaciones.
Dentro de este complejo escenario nacional, la provincia de Santa Fe se destaca como uno de los distritos más castigados. El reciente informe del observatorio de importaciones de la Asamblea de Pequeños y Medios Empresarios, conocido como APYME, revela cifras que son verdaderas sentencias de muerte para la economía regional. Según este relevamiento, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, son 2 341 empresas las que han bajado la persiana en el mapa santafesino, acrecentando la problemática de un desempleo que se vuelve crítica.
La situación en la provincia es terminal para muchos sectores que históricamente fueron el orgullo del trabajo santafesino. El informe destaca que el modelo actual ha generado un escenario donde los incentivos están puestos exclusivamente para importar, lo que ha provocado que en localidades como Venado Tuerto, Fran o San Agustín, las fábricas de implementos agrícolas y autopartes reduzcan sus plantillas en porcentajes que superan el setenta por ciento. Esta fragilidad económica no solo afecta al dueño de la pyme, sino que destruye la vida social de pueblos enteros que dependen de una sola chimenea para subsistir.
Lo que es preocupante aquí también es la cínica intención de instalar que la reconversión del desempleado en actividades desreguladas no deja al desamparo a estás miles de familias, como si la informalidad que los sistemas de trabajo de plataformas de servicios puedan mitigar los efectos del ajuste y la desprotección industrial argentina. Para los industriales de todo el país, la pérdida de una línea de producción es una tragedia que no se compensa con actividades de baja productividad. La falta de consumo interno, producto de la licuación de los salarios y la inflación, termina por cerrar el círculo vicioso que asfixia a la producción local.
La defensa de la industria nacional no es solo una cuestión de números, es la defensa de la soberanía productiva. No existe estabilización con la desaparición del aparato productivo que sostiene el empleo genuino en cada rincón del país. Es imperativo que se escuche el reclamo de las cámaras empresariales antes de que el desierto industrial sea irreversible.
Spoiler: Con esta administración nacional no va a suceder.
