La reciente catástrofe climática que azotó a la provincia de Tucumán no solo dejó tras de sí un rastro de destrucción material y familias evacuadas, sino que también desnudó una de las facetas más oscuras de la relación entre la dirigencia política y la sociedad. Un video que circula con fuerza en las redes sociales muestra un escándalo protagonizado por un diputado nacional y su comitiva, quienes, en un intento por realizar una acción solidaria, terminaron envueltos en un episodio de violencia física y verbal que refleja una tensión social sin precedentes.
El incidente se produjo cuando el legislador intentó transitar por una zona afectada por las aguas. Ante la resistencia de los vecinos, que se encontraban en una situación de vulnerabilidad extrema tras haber perdido gran parte de sus pertenencias, la respuesta del funcionario fue la de apelar a su jerarquía. La frase soy diputado nacional parece haber funcionado como un disparador de furia para una comunidad que se siente abandonada por el Estado. Lo que comenzó como una supuesta entrega de donaciones —calificada por algunos analistas como una entrega de migajas o simples dádivas— derivó en un enfrentamiento donde la investidura política no sirvió de escudo.
La nota de color, si es que puede llamarse así a una situación tan dramática, es la reacción de la comitiva que acompañaba al parlamentario. Mientras un vecino, superado por el agotamiento y la angustia de ver su vida bajo el agua, reaccionó de forma violenta golpeando al legislador, un integrante del equipo del diputado respondió con amenazas de muerte explícitas. Te voy a matar y te voy a hacer matar fueron las expresiones que se escucharon con claridad, transformando un momento de supuesta asistencia en un acto de patoteo institucional. Esta respuesta, cargada de una violencia fría y calculada, resulta aún más alarmante que el arrebato emocional del damnificado, quien probablemente llevaba horas sin dormir ni comer.
Este suceso pone en foco una problemática recurrente: el uso de la desgracia ajena para hacer política partidaria. La crítica hacia los buitres que aparecen en medio de las catástrofes para sacarse una foto con tres colchones y un par de bolsas de ropa es feroz. La sociedad percibe estas acciones no como ayuda genuina, sino como una estrategia de comunicación para generar una falsa adherencia en sectores populares. La falta de contacto directo real y la ausencia de políticas de prevención de fondo han convertido a los barrios en ollas a presión donde el costo de vida y la pobreza han calado hondo.
El deterioro social no es exclusivo de Tucumán. El análisis se extiende a provincias como Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy, donde barrios que alguna vez fueron florecientes hoy se encuentran en ruinas. En Santa Fe, la situación es igualmente crítica, con un aumento alarmante de la pobreza que alcanza incluso a empleados públicos, policías y médicos, quienes no llegan a cubrir la canasta básica. Este empobrecimiento generalizado genera un resentimiento hacia una clase política que parece vivir en una realidad paralela, bajando de autos con aire acondicionado a territorios donde la gente come una sola vez al día.
La figura del Estado como árbitro y organizador del bienestar común parece haberse desdibujado. Cuando el Estado falla en su rol promotor y se limita a ser un espectador de la crisis, la nación pierde su cohesión y se convierte en un grupo de individuos tratando de sobrevivir a expensas del otro. La reacción de los vecinos en Tucumán es un síntoma de este hartazgo. No se trata simplemente de un acto de inadaptados, sino de la expresión de una ciudadanía que está cansada de ser el escenario de las fotos de campaña mientras sus problemas estructurales siguen sin resolverse.
Es imperativo que la política deje de mirar a la sociedad como una masa a la que se le tira alimento como a los animales en un corral. El desprecio por las clases menos pudientes se manifiesta en la soberbia de creer que un cargo público otorga impunidad para transitar sobre el dolor ajeno. La prevención de las inundaciones y la mejora de la calidad de vida requieren inversiones reales y planificación, no gestos simbólicos de último momento que solo sirven para alimentar el ego de los dirigentes y su presencia en redes sociales.
Finalmente, el episodio deja una lección dolorosa: la violencia solo genera más violencia. Sin embargo, la mayor responsabilidad recae sobre quienes detentan el poder y los recursos. El camino hacia la reconstrucción de la confianza social no se logra con amenazas ni con patoteos, sino con un compromiso real con las necesidades del pueblo. Ojalá que la situación en Tucumán se solucione pronto para los damnificados, y que este escándalo sirva como un llamado de atención definitivo para una clase dirigente que parece haber olvidado para qué fue elegida.
