La región del Noreste Argentino (NEA) abarca las provincias de: Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes destacando tanto por su patrimonio natural que incluye ecosistemas como la Selva Misionera, el Impenetrable, los Esteros del Iberá y el Bañado La Estrella. Cuenta también con una identidad social profundamente arraigada en sus raíces indígenas. Esta herencia tiene manifestaciones en su cultura, costumbres y lenguas que definen a la región y la particularizan frente al resto del territorio argentino.
Según los datos proporcionados por la red latinoamericana de bosques modelo y el portal web oficial de la provincia de Formosa, el bosque formoseño abarca unas 800 000 hectáreas al oeste de la provincia de Formosa al norte de Argentina en la región del Parque Chaqueño. La región se distingue por una notable biodiversidad, enmarcada geográficamente por los ríos Pilcomayo al norte y Bermejo al sur. Esta ubicación favorece la existencia de ecosistemas singulares, entre los que destaca el Bañado La Estrella, cuya riqueza ofrece un alto potencial para el ecoturismo. Asimismo, la zona alberga el Parque Nacional Río Pilcomayo, la Reserva Natural Formosa, dos Reservas de Biosfera (Riacho Teuquito y Laguna Oca) y el característico monte chaqueño, donde predominan especies arbóreas de gran valor como el Quebracho Blanco, el Palo Santo, el Quebracho Colorado, el Guayaibí, el Lapacho Negro, el Ombú, entre otras especies.
Sin embargo, hace varios años la provincia de Formosa enfrenta una grave crisis de deforestación, perdiendo miles de hectáreas de bosque nativo anualmente debido a la expansión de la ganadería intensiva y la agricultura. Esta destrucción no solo ha provocado pérdida de biodiversidad y desertificación, sino también graves conflictos con comunidades indígenas y campesinas sin títulos de propiedad y sin acceso al agua.
El Congreso de la Nación Argentina sancionó en 2007 la Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que se reglamentó y comenzó a implementarse en el año 2009. La ley se propone en el artículo 3 los siguientes objetivos:
a) Promover la conservación mediante el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos y la regulación de la expansión de la frontera agropecuaria y de cualquier otro cambio de uso del suelo;
b) Implementar las medidas necesarias para regular y controlar la disminución de la superficie de bosques nativos, tendiendo a lograr una superficie perdurable en el tiempo;
c) Mejorar y mantener los procesos ecológicos y culturales en los bosques nativos que beneficien a la sociedad;
d) Hacer prevalecer los principios precautorio y preventivo, manteniendo bosques nativos cuyos beneficios ambientales o los daños ambientales que su ausencia generase, aún no puedan demostrarse con las técnicas disponibles en la actualidad;
e) Fomentar las actividades de enriquecimiento, conservación, restauración, mejoramiento y manejo sostenible de los bosques nativos.
Históricamente, el Noreste Argentino (NEA) se ha consolidado como una de las regiones con mayor rezago socioeconómico del país. Para Girbal (2021) esta situación se atribuye a una combinación de factores estructurales, tales como su tardía autonomía administrativa, la falta de una clase empresarial local y su condición de área fronteriza. Según la autora, la persistencia de un modelo basado en la monoproducción —que ha transitado desde la explotación forestal hasta el predominio de la soja— evidencia una carencia de políticas públicas que fomenten un desarrollo sostenible, capaz de proteger tanto el ecosistema como el bienestar de sus habitantes frente a las exigencias del mercado global.
Frente a este panorama la pérdida de hectáreas cubiertas por bosques nativos va acrecentando su porcentaje día a día, dejando atrás los grandes ecosistemas que éstos formaban y reemplazándolos con millones de hectáreas de cultivo y praderas de ganado. Lo que antes era un espacio verde, hogar de diversas especies, se ha convertido en un mero territorio deforestado y degradado.
Según datos obtenidos del informe realizado por el ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el año 2020, en Argentina el proceso de deforestación se aceleró hacia fines de la década de los noventa y principios del siglo XXI, principalmente a causa de la expansión de la agricultura desde la Región Pampeana hacia el Parque Chaqueño. En efecto, el surgimiento de la soja transgénica junto con la aparición de la siembra directa asociada a otros paquetes tecnológicos, aumentó la rentabilidad de este cultivo y su potencial para expandirse a tierras consideradas previamente marginales para la producción agrícola.
El informe también detalla que como consecuencia de la deforestación se modifica el ciclo hidrológico, el ciclo de nutrientes con pérdidas de fertilidad de los suelos, aumenta la emisión de gases de efecto invernadero y se pierde biodiversidad. La reducción de la cobertura forestal disminuye la intercepción por parte de los árboles y deja el suelo al descubierto (o parcialmente cubierto) la mayor parte del año. Esto aumenta el drenaje superficial, favoreciendo la erosión y, en consecuencia, la intensidad y frecuencia de inundaciones. Asimismo, en la región chaqueña la destrucción de la cobertura de bosques puede dar lugar al ascenso de las napas freáticas y al desencadenamiento consecuente de procesos de salinización de los suelos y su inhabilitación para usos productivos.
Las consecuencias sociales y culturales, que se traducen en la pérdida de un patrimonio nacional, que son los bosques nativos, afectan directamente tanto en la salud pública como en el desplazamiento de comunidades originarias de la zona del territorio formoseño, que dependen de estos bosques para su sustento y actividades vitales.
La crisis ambiental por el desmonte en la provincia de Formosa y las continuas luchas por parte de las comunidades reflejan como sostiene Merlinsky (2017) el análisis tanto de la trayectoria como de la evolución de las disputas sociales, que facilita la observación de sus impactos a través del tiempo permitiendo detectar momentos de transformación que alteran los mecanismos de debate público y las formas en que la sociedad procesa y resuelve dichas tensiones.
A pesar de existir una Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos que específicamente protege la destrucción de dichos bosques, la falta de cumplimiento de los límites impuestos por la misma, ha causado la desaparición de miles de hectáreas de espacios verdes del territorio, así como también una preocupación constante y latente por parte de las comunidades que habitan el territorio, principalmente por una precariedad en la tenencia de la tierra, siendo esta según Arzeno (2022) el resultado de una herencia colonial pero también de un Estado provincial y nacional ausente en la lucha por el territorio de las comunidades indígenas.
