La economía argentina atraviesa uno de sus momentos más críticos, con una acelerada destrucción de empleos, cierre de empresas y un deterioro profundo de las condiciones de vida de millones de trabajadores. Lejos de tratarse de un problema coyuntural, el escenario actual expone las consecuencias de políticas públicas que no generan trabajo genuino ni protegen a quienes producen.
Existen programas de empleo donde los Estados provinciales se hacen cargo del 50% del salario durante seis meses con la intención de incentivar la contratación, que en la practica son herramientas para que empresas profundicen la precarización incorporando personal sólo mientras dura el beneficio y despidiendo a los trabajadores una vez finalizado el subsidio, reiniciando el ciclo con nuevos empleados subsidiados.
Aún en esos intentos de emparchar las grietas que da la inestabilidad económica podemos ver la cara de la crisis que mejor refleja la gravedad de la situación: el cierre masivo de empresas. En Villa Gobernador Gálvez, el cierre de un frigorífico a mediados de 2025 dejó a 70 familias sin trabajo, golpeando de lleno a una comunidad ya atravesada por la precariedad. A mayor escala, el caso Vicentín sigue teniendo un impacto devastador: más de 5.000 personas entre trabajadores directos e indirectos quedaron afectadas por el vaciamiento y la parálisis de la empresa.
Cada persiana que baja no es solo una estadística económica: es pérdida de ingresos, desintegración del tejido social y más presión sobre un mercado laboral saturado.
La crisis también golpea a los cuidadores
Uno de los sectores más invisibilizados por la crisis es el de los cuidadores de adultos mayores. Familias que antes podían sostener este servicio hoy ya no llegan a fin de mes y se ven obligadas a prescindir de estos trabajadores esenciales.
La consecuencia es doble: adultos mayores con menos cuidados y cuidadores que pierden su fuente de ingresos, muchas veces en condiciones de informalidad, sin indemnización ni cobertura social. La crisis económica no solo destruye empleos industriales, también expulsa del sistema a trabajadores vinculados al cuidado y la salud.
La situación de los jóvenes trabajadores tambien expone una de las caras más crudas de lo que el mercado pretende. Empresas multinacionales ofrecen empleos a chicos de 16 a 22 años, con turnos de apenas cuatro horas, salarios bajos y sin perspectivas de desarrollo. Lejos de ser una oportunidad, estas condiciones configuran una explotación laboral juvenil que limita el acceso a estudios, proyectos de vida y autonomía real.La falta de trabajo digno deja a muchos jóvenes frente a una disyuntiva brutal: aceptar condiciones indignas o quedar a merced de economías ilegales. En este contexto, las que se beneficien son las organizaciones criminales que aparecen como una alternativa concreta en barrios donde el Estado está ausente, obteniendo una oferta de mano de obra a muy bajo costo.
La gente quiere trabajar, pero con dignidad
Frente a discursos que instalan la idea de que “la gente no quiere trabajar”, la realidad demuestra lo contrario. La gente quiere trabajo, quiere dignidad, previsibilidad y un ingreso que alcance para vivir. Lo que no acepta —ni debería aceptar— es el maltrato laboral, la explotación y la incertidumbre permanente.
El problema no es la falta de voluntad, sino la ausencia de un proyecto económico que ponga al trabajo digno en el centro y al Estado como garante de derechos, no como espectador de la exclusión.
La destrucción del empleo y la precarización no son fenómenos naturales. Son el resultado de decisiones políticas concretas que crean condiciones sociales difíciles de revertir. Sin un Estado presente, sin políticas de desarrollo productivo y sin protección a los sectores más vulnerables, la crisis seguirá profundizándose.
