Los incendios en el sur y el ambienticidio que significa el recorte de presupuesto y la falta de recursos para el manejo del fuego sirvieron de escenario para recordar otra cuestión que también tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y los recursos de nuestro país, nos referimos al hecho que tomo estado público años atrás cuando once provincias argentinas participaron en contratos vinculados a la gestión de sus recursos hídricos con la empresa estatal israelí Mekorot.
Según investigaciones independientes de activistas y grupos ambientalistas, las provincias que habrían celebrado convenios con dicha empresa incluyen Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Río Negro, Formosa, Santa Cruz, Jujuy, Neuquén, Santiago del Estero y Santa Fe. Lo que le estaría interesando al inversor extranjero del agua son los datos estratégicos sobre cuencas hidrológicas y acuíferos, ante esta realidad expresan su preocupación las distintas asambleas socioambientales que además, sostienen que este tipo de colaboración se está haciendo bajo cláusulas de confidencialidad entre las partes.
Una empresa con usos militares
Lo que no puede negarse es que Mekorot supo invertir en tecnologías de gestión hídrica en zonas áridas, lo controversial aquí no son las capacidades para la administración del recurso vital, sino su papel en el avance militar sobre territorio palestino. Organizaciones de derechos humanos y activistas globales señalan a la empresa por formar parte de políticas de discriminación en el acceso al agua en Palestina, donde el control del agua ha sido reportado como un factor de desigualdad y vulneración de derechos básicos.
En las consideraciones de los activistas argentinos, que a su vez apoyan la causa de Palestina, no se pasa por alto esta realidad. A la preocupación por lo que puede significar un trastorno en el acceso al agua potable, se suma la cuestión moral en el contexto de un conflicto humanitario.
Por otro lado se encuentran con que la regulación actual no contempla mecanismos eficaces para evitar la transferencia de datos sensibles ni para supervisar la participación de actores extranjeros en las planificación hídrica provincial.
Más aún, la falta de acceso público a los contratos ha sido señalada como una forma de ocultamiento deliberado que favorece intereses privados y reduce las posibilidades de un debate democrático informado.
Injerencia y responsabilidad gubernamental
El reclamo de sectores sociales se extiende a la percepción de injerencia de potencias extranjeras, calificadas en algunos discursos como “imperialistas” o “colonizadoras”, que se benefician económicamente de los recursos argentinos mientras la población carece de mecanismos para su protección.
En respuesta, han surgido movimientos y colectivos de concientización en distintas regiones del país que buscan visibilizar este tema y exigir transparencia y control ciudadano sobre los acuerdos vinculados a los bienes comunes. Sin embargo, estos movimientos reconocen las limitaciones frente al peso político y económico de los actores involucrados.
En su calidad de confidencial el acuerdo deja más preguntas que respuestas, lo que sí está claro es que debe discutirse el valor que se le da a los recursos y lo involucrado que estamos como sociedad, porque de pueblos pasivos nace la impunidad.
