El reciente cambio en la política migratoria argentina, que implica el traslado de la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior al Ministerio de Seguridad, encendió el debate público y despertó fuertes críticas desde distintos sectores políticos, sociales y de derechos humanos.
La medida representa un cambio de paradigma en la forma en que el Estado argentino aborda el fenómeno migratorio. Mientras el control de fronteras puede implicar una dimensión de seguridad, lo que no se está teniendo en cuenta es que las migraciones son, ante todo, un asunto civil, vinculado a derechos humanos, integración social y políticas públicas de largo plazo.
Organizaciones civiles alertan que este tipo de decisiones debilita la confianza institucional y afecta directamente a miles de personas migrantes que residen en el país y ponen el foco especialmente en el impacto en los derechos humanos de los inmigrantes creando las condiciones para un clima social hostil, en el que se legitimen discursos discriminatorios y prácticas arbitrarias contra personas extranjeras en un país cultivado en la diversidad.
En este contexto, la militarización de la política migratoria puede erosionar la convivencia democrática y vulnerar compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de derechos humanos y refugio.
Un debate abierto
El traslado de Migraciones al Ministerio de Seguridad no solo implica un cambio administrativo, sino que abre un debate profundo sobre el modelo de país, la relación con la migración y el respeto por los derechos fundamentales. Mientras el gobierno defiende la medida en nombre del orden y el control, las críticas advierten sobre los riesgos de reducir un fenómeno complejo a una lógica exclusivamente securitaria. Tratar al inmigrante como delincuente no es el camino para la convivencia sana de un país tan diverso.
