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La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei es motivo de preocupación en Argentina, tras obtener media sanción en el Senado de la Nación. Con el nombre de «modernización laboral», esta iniciativa pretende concretar un retroceso histórico en terminos de derechos de los trabajadores. El oficialismo asegura, con un poco de cínismo, que esta precarización del mercado laboral es una herramienta que ayudará a generar empleo.
Durante una sesión maratónica en el Senado, el proyecto, que había sido presentado el 11 de diciembre del año pasado, fue aprobado con 42 votos afirmativos y 30 en contra. A pesar de algunas modificaciones en el camino, se percibió que el resultado ya estaba «cocinado» desde hace tiempo, lo que sugiere un proceso que, para muchos, fue más un trámite que una verdadera deliberación.
En este contexto, las manifestaciones en contra de la reforma no se hicieron esperar. En Santa Fe, por ejemplo, se llevó a cabo una marcha pacífica desde la Plaza Constituyente hasta El Molino. Aunque fue una movilización rápida y sin incidentes, la presencia de gremios como SAD y Pasteleros, así como representantes de APYME, dejó claro el descontento de una parte de la sociedad. Sin embargo, se cuestionó la efectividad de los métodos de lucha sindical actuales. Sin embargo señaló los métodos de lucha sindical que se llavan adelante parecen haber quedado perimidos y que ya no «mueven la aguja» del gobierno. Quizás sea la hora de a apelar a la inteligencia para encontrar nuevas formas de resistencia, ya que las marchas tradicionales no están dando los resultados que se esperan.
Un aspecto polémico de las manifestaciones en Buenos Aires fue la presencia de «infiltrados», a quienes se les acusó de provocar desmanes y dar la excusa perfecta a la policía para detener manifestantes. Se vieron imágenes por medios nacionales porteños de cómo se armaban bombas molotov, que luego no arrojaban a la policía, sino «más lejos». Se dio ante esto una discusión extraña entre los internautas sobre si todo el «quilombo» era causado por infiltrados o si también existía una genuina «bronca» de la gente. Lo de los infiltrados, o lo de la excusa de los incidentes para criminalizar la protesta no es nueva, en Santa Fe luego de lo que sucedió en la legislatura el año pasado durante la reforma previsional, las fuerzas públicas irrumpieron en casas de docentes en horas poco humanas en Rosario.
Adentrándonos en el contenido de la reforma, repasemos algunos artículos clave. Uno de ellos es la creación de un fondo asistencial laboral, que busca cubrir obligaciones y pagos por extinción de la relación laboral, como las indemnizaciones por despido. Este fondo se financiará con una contribución mensual a cargo del empleador. Sin embargo, la preocupación surge sobre qué se hará con ese dinero mientras no se utiliza y la implicación de que facilitará el despido. El senador Juan Cruz Godoy, libertario de Chaco, en el recinto mientras se debatia la ley, incluso afirmó que esto sería positivo, ya que el joven va a poder competir con el que tiene antigüedad, y la antigüedad dejará de ser determinante a la hora de contratar.
Otra medida en contra de los trabajadores es la limitación del derecho a huelga, bajo la excusa de los servicios esenciales. La iniciativa declara como servicios esenciales a las telecomunicaciones, la aeronáutica comercial, el control portuario, los servicios aduaneros y migratorios, y la educación en todos sus niveles, salvo el universitario. Antes del debate, se sumaron el cuidado de menores, los niveles inicial, primario, secundario y especial, el transporte de caudales, la seguridad privada y la obligación de que las fuerzas de seguridad funcionen al 100%.
Además, crea la categoría de “servicios de importancia trascendental”, que no podrán operar por debajo del 50% de su capacidad. Allí se incluyen la producción de medicamentos, el transporte, radio y TV, y múltiples sectores industriales y comerciales, como siderurgia, alimentos, construcción, minería, bancos, hotelería, gastronomía y comercio electrónico. Lo que parece estar muy cerca de lo inconstitucional y contrario al artículo 14 de la Constitución. Además, se detalla un procedimiento de preaviso de cinco días y la obligación de acordar servicios mínimos durante las medidas de fuerza.
El concepto de «salario dinámico» es otro punto alarmante. El artículo 33 incorpora una nueva disposición a la Ley de Contrato de Trabajo, permitiendo la creación de componentes retributivos dinámicos, adicionales y variables basados en el mérito o aspectos organizativos, que no generen permanencia por costumbre. Aún más preocupante es la modificación del artículo 105, que permite que el salario se satisfaga en dinero, especie, habitación o alimento.
Finalmente, se abordó el pago de sentencias en cuotas. El artículo 55 sustituye una disposición de la Ley de Contrato de Trabajo, otorgando a la facultad judicial la posibilidad de establecer planes de pago para créditos laborales adeudados. Esto implica que si un trabajador es despedido y se le debe una indemnización, esta podría ser abonada en numerosas cuotas fijas, una situación que se ha calificado de «increíble». También se establece que los aportes o contribuciones patronales a cámaras o asociaciones serán de carácter estrictamente voluntario para el empleador, lo que afectará directamente el financiamiento de fundaciones gremiales.
Además de estos puntos, se mencionaron otras implicaciones de la reforma, como el «banco de horas», que se vende como una solución para la organización personal del trabajador y una libre negociación entre posiciones totalmente desparejas. En este esquema las horas extras no serán de pago obligatorio para el empleador, y las vacaciones se tomarán cuando el empleador lo decida. Asimismo, se modifican las condiciones de pago por enfermedad, estableciendo que un trabajador con una «pata al hombro» podría tener que seguir laburando, cobrando solo un porcentaje de su salario, a diferencia del 100% actual. Paradójicamente, mientras Argentina avanza en esta reforma, en México se aprobó la baja de la jornada laboral a 40 horas semanales, lo que contrasta fuertemente con la dirección que toma la legislación argentina.
