El lunes 2 de marzo de 2026 marcó un hito con la participación de más de diez mil trabajadores de la educación, quienes lograron un nivel de acatamiento superior al setenta por ciento en todo el territorio santafesino, sin lugar a dudas una de las manifestaciones más imponentes de los últimos años. En capital la columna humana inició su concentración en las puertas de la Legislatura para luego marchar hacia el Ministerio de Educación, uniendo voces en un pliego de reclamos que exige urgentemente un salario digno, el rechazo absoluto al sistema de presentismo y una inversión real para alcanzar mejores condiciones de infraestructura escolar.
Un reclamo particular por parte de algunos manifestantes es que, a pesar de la masividad del evento, parece que no tuvo la cobertura mediática que se pretende en estos casos.
«Hoy fui y la verdad que era muchísima gente. Pero bueno, en las noticias locales no lo pasan mucho».
No obstante, la imagen que nos brinda Santa Fe es de una dignidad, que si bien para muchos puede llegar tarde, es en suma necesaria para visibilizar en qué estado aprenden las futuras generaciones de santafesinos. La pérdida de poder adquisitivo es brutal en todos los sectores y, según los gremios docentes, alcanza un 33% en el sector. La devaluación del ministro Caputo de cerca de un 50%, similar a la que, ya había realizado en los últimos días de 2015, la deuda nacional y la poca voluntad o capacidad de mitigar esta realidad por parte del gobierno provincial impactan de lleno en los salarios docentes.
Todo esto se suma a una crisis de la educación argentina que hace un tiempo dejo de ser solo presupuestaria, a convertirse en una crisis profundamente simbólica. Los docentes hoy enfrentan una desvalorización sistemática fogoneada desde los centros de poder. El gobierno nacional, bajo una lógica de ajuste, implementó medidas drásticas como la quita del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), recortando de facto ingresos consolidados por décadas. A nivel provincial, la gestión santafesina ha optado por un «presentismo extorsivo» disfrazado de «Asistencia Perfecta», una herramienta que, lejos de mejorar la calidad educativa, funciona como un dispositivo para disciplinar y vulnerar el derecho constitucional a la huelga.
Esta hostilidad se alimenta de una falta de empatía social alarmante, porque atrás de la falsa valentía de supuestamente tomar medidas necesarias pero «antipáticas» de los que gobiernan, lo cierto es que esas medidas tristemente cuentan con una banca popular o con un silencio complice. La escuela es utilizada por muchos sectores como una mera guardería, y el docente es responsabilizado por cada medida de fuerza, ignorando que sus condiciones de trabajo son las condiciones de aprendizaje de los alumnos. Y no termina ahí, la persecusión ideologica que se institucionalizó a nivel nacional definiendo como «adoctrinamiento», a toda postura que contradiga una anticiéntifica «historia oficial» limita el trabajo docente.
Hablamos de que el problema es general porque este discurso de «exigir más» al que menos tiene parece ser redituable en las encuestas, al punto de que incluso en el debate presidencial de 2023 quien parecía ser alternativa para ese mensaje proponía aumentar la presión sobre el sector docente para captar el favor de un electorado desencantado.
El aula desde adentro: Sostener el sistema con el bolsillo propio
Los testimonios recogidos en las escuelas santafesinas revelan una realidad cruda: pareciera que el Estado ha delegado el mantenimiento básico de los edificios en el esfuerzo personal de los trabajadores. Docentes relatan cómo deben organizar beneficios para pintar salones, lavar cortinas o comprar tonalizadores porque las partidas oficiales no llegan o son insuficientes. La desidia llega al punto de que los maestros deben costear de sus ingresos el arreglo de ventiladores, la compra de aires acondicionados e incluso el pago de electricistas particulares para que las aulas sean habitables.
«Además de los beneficios que hacemos para poder arreglar… los papás no pagan cooperadora, (pero recordemos) que es obligación del gobierno arreglar la escuela. Pintamos los salones, lavamos las cortinas»
La burocracia estatal también se ha vuelto una carga económica. Se exige la carga de asistencia y libretas de forma digital, pero simultáneamente se demanda el formato papel, obligando al docente a pagar por impresiones, folios, carpetas para proyectos y hasta los forros de los registros. Si el trabajador no cuenta con computadora o impresora, el sistema lo empuja a adquirirlas con un salario ya depreciado, convirtiéndose el docente en el principal financiador del sistema educativo provincial.
«Trabajás con grupos de 25 chicos por grado. En un grupo podés tener un nene autista y con dificultades para el aprendizaje, y en el otro, niños con diferentes dificultades, todo bajo la misma responsabilidad docente».
El empuje previo fue sin gremios: Los autoconvocados.
En el transcurso de la semana pasada grupos de docentes autoconvocados se hicieron presentes en cada discurso y presentación pública del gobernador, si bien es cierto que esta situación ha sido motivada por las manifestaciones de ex agentes y familiares de policias a principio de febrero, es indudable que habia un descontento que tenía ganas de ser canalizado.
Los docentes denuncian que la brecha salarial se ensancha mientras el gobierno nacional festeja la desarticulación de los bastiones de lucha. La advertencia es clara: la alternativa al ajuste no puede ser la pérdida definitiva de la justicia social y la dignidad salarial. El conflicto en Santa Fe es, en última instancia, una batalla por la supervivencia de la educación pública frente a un modelo que prioriza la estadística sobre la humanidad.
