La provincia de Santa Fe atraviesa una transformación histórica en su arquitectura política y administrativa. La sanción de la nueva normativa provincial marca un antes y un después para cientos de localidades que, hasta hoy, funcionaban como comunas y municipalidades. Este cambio no es simplemente una modificación formal, sino una reforma integral dónde los puntos claves están en la autonomía y la asignación de recursos.
Un nuevo horizonte para la gestión local
Durante mucho tiempo, la distinción entre comunas y municipios generó una brecha de desigualdad en el acceso a recursos. Las localidades que hoy funcionan como comunas enfrentan desafíos de ciudades modernas pero con marcos legales de pequeños pueblos, con duración de mandatos y oficinas limitadas. El gobierno provincial vende la autonomía municipal como la llave para «destrabar el potencial productivo y social del interior santafesino.»
La transición hacia la municipalidad implica que cada comunidad podrá elegir a su propio intendente y conformar un concejo municipal. Esta nueva estructura garantiza que el control de las cuentas públicas sea más riguroso. La democratización de los gobiernos locales se plantea aquí como un objetivo primordial en la iniciativa que ha logrado el consenso necesario en la Legislatura.
ARTÍCULO 1 – De las Municipalidades: Todo núcleo de población organizado como comunidad con vida propia se organiza como municipalidad, con el objeto de llevar adelante el gobierno y la administración de los intereses locales con la estructura institucional y con las facultades previstas en la Constitución y la presente ley.
ARTÍCULO 4 – Autonomía: Los municipios tienen autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera para el ejercicio de sus competencias. Dictan su propio ordenamiento normativo a través de ordenanzas que son obligatorias en su jurisdicción territorial.
ARTÍCULO 17 – Seguridad y convivencia ciudadana. Los municipios pueden desarrollar acciones de prevención social del delito, de monitoreo y vigilancia y de promoción de la convivencia pacífica en su territorio, reconociendo que la seguridad pública, la actuación de las fuerzas de seguridad y el monopolio del uso legítimo de la fuerza constituyen deberes indelegables e irrenunciables de la Provincia.ARTÍCULO 109 – Régimen temporal y derogación: La Ley Orgánica de Comunas Número dos mil cuatrocientos treinta y nueve, con todas sus modificatorias, quedará derogada el diez de diciembre de dos mil veintisiete. Hasta tal momento, la referida ley seguirá vigente a los fines de un adecuado funcionamiento institucional de las actuales comunas.
Impacto en los servicios y la infraestructura urbana
Uno de los puntos claves más tangibles para el vecino será en la prestación de los servicios públicos. las nuevas ciudades tendrán la responsabilidad de afrontar obras de pavimentación e iluminación que antes estaban en manos de la provincia.
El desarrollo de la infraestructura es otro punto clave, Las localidades que se transforman en municipios dejan de ser sujetos pasivos de la política provincial para convertirse en actores protagonistas.
¿Descentralización y federalismo interno?
La reforma apunta a un supuesto federalismo real dentro de los límites de la provincia. Y en teoría pretende correr la lógica de la concentración de recursos en los grandes nodos que historicamente generó distorsiones. En el discurso oficial, fortalecer a los gobiernos locales, se fomenta el arraigo de los ciudadanos en sus pueblos, evitando la migración forzada hacia las grandes urbes por falta de oportunidades. ¿En la práctica eso puede pasar?
Lo cierto es que cambia la estructura de las pequeñas localidades dandole mayor responsabilidad a los que las gobiernen y, según los que no están convencidos con este cambio, con una mayor demanda de recursos. Como es el caso del FESTRAM que teme lo que pueda pasar con los puestos de trabajo municipales.
FESTRAM se opone a la nueva Ley de Municipios argumentando que la normativa pone en riesgo los recursos de las administraciones locales, no solo eso, también denuncia que la construcción de la ley careció de un diálogo democrático real, asimilándola a la Reforma Previsional que derivó en la pérdida de derechos laborales.
Este gremio de municipales alerta que la autonomía planteada obliga a las localidades a asumir gastos de salud y seguridad sin garantías de financiamiento provincial. Temen que esto afecte el esquema de coparticipación, perjudicando principalmente a las comunidades más pequeñas y vulnerabilizando el pago de salarios y condiciones de dignidad para los trabajadores.
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