En una entrevista exclusiva, el profesor de Historia Antonio González Alarcón, desde una soleada Santiago, ofrece una radiografía profunda de la actualidad chilena. Lo que comenzó como una conversación sobre las calurosas tardes de febrero y los husos horarios, rápidamente se transformó en un análisis pormenorizado de los incendios que azotan el sur de Chile y su intrínseca relación con el cambio de gobierno y las tensiones políticas que definen el panorama nacional.
Los incendios forestales, que han concentrado la atención tanto local como internacional, han golpeado con particular virulencia las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía. La región de Biobío es la más afectada, con una estimación de más de cuatro mil viviendas devastadas y lamentablemente, veintiún víctimas fatales. González Alarcón subraya que estos eventos catastróficos no son meramente desastres naturales. Detrás de las llamas, emerge un entramado de intereses económicos que apuntan a la posible intencionalidad de algunos fuegos. La planificación urbana deficiente, que permite la construcción de ciudades y comunas cercanas a los bosques, se suma a la industria forestal con sus normas de cuidado subóptimas, creando un cóctel explosivo.
El profesor destaca cómo esta crisis expone las profundas desigualdades del sistema chileno. La burocracia estatal, calificada como parsimónica y lenta, se muestra ineficaz para dar una respuesta efectiva e inmediata en situaciones de emergencia. Aunque busca transparencia, su lentitud obstaculiza la pronta reconstrucción. Un ejemplo claro es la dificultad para reponer viviendas donde conviven varias familias, un problema recurrente en el país.
La transición de gobierno agrega una capa de complejidad. El gobierno entrante de Kast, con su nuevo ministro de Vivienda, Iván Poduje, ha adoptado una postura combativa y directa. Poduje ha instalado una narrativa que culpa a un ambientalismo extremo y a una burocracia excesiva por la ineficiencia en la construcción y reconstrucción. Esta argumentación busca eliminar la llamada permisología, es decir, los permisos y regulaciones que, según esta visión, detienen el avance de proyectos de vivienda y económicos.
González Alarcón revela una coincidencia inquietante: en una de las ciudades más afectadas por los incendios, se quemó un sector donde hace dos años se hablaba de una posible mina de metal de tierra rara. Esta situación alimenta las sospechas sobre los verdaderos motivos detrás de algunos focos incendiarios. Además, existe una ley de incendios que, irónicamente, está detenida y que prohibiría la construcción automática de viviendas en terrenos quemados bajo estándares favorables para la industria de la construcción, que a menudo no se ajustan a las necesidades reales de las personas. La vivienda es un problema social urgente, no solo en Chile sino en toda Latinoamérica.
La conversación se adentra en el singular proceso de transición política en Chile. A diferencia de otros países, la segunda vuelta de las elecciones se realiza en diciembre y la asunción del nuevo presidente no ocurre hasta marzo. Esta particularidad, que se remonta a la Constitución de mil novecientos veinticinco y se afianzó tras el golpe militar, tuvo el propósito de borrar la carga histórica del último presidente electo antes del golpe, Salvador Allende, quien asumió en noviembre. La fecha del once de marzo simboliza un nuevo inicio para el país, un año nuevo democrático en términos de gastos y el inicio del calendario escolar.
Otro aspecto relevante abordado es la composición ideológica del nuevo gobierno. Aunque el profesor no tiene datos exactos, confirma que la derecha chilena está fuertemente ligada a corrientes católicas conservadoras como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo. Se menciona que el presidente electo pertenece al movimiento Shostan. Además, se destaca la presencia de ministros con vínculos directos con la dictadura de Pinochet, incluyendo al ministro de Defensa, conocido por defenderlo en temas de derechos humanos, y al ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien fue abogado defensor de Pinochet en el caso Riggs, relacionado con cuentas bancarias no declaradas. El gabinete también incluye ministros ligados a los principales grupos económicos y mineros del país, una ministra de Educación que promueve la privatización, y una ministra de la Mujer de un partido cristiano evangélico con posturas más radicales y supremacistas. Los partidos tradicionales de la derecha han manifestado su descontento por no tener ministros importantes, aunque se espera que ocupen cargos clave como subsecretarios.
La entrevista concluye con una reflexión sobre el resurgimiento de las derechas tradicionales y radicales en Latinoamérica. González Alarcón lo describe como un ciclo histórico en el que, tras periodos de dictaduras o gobiernos progresistas, ahora le toca el turno a estas nuevas derechas. Sin embargo, el profesor anticipa que estas corrientes también enfrentarán sus propias contradicciones, y que las dinámicas en cada país, como la inflación en Argentina, mostrarán efectos diversos. La conversación deja claro que Chile se encuentra en un momento definitorio, donde la crisis ambiental y la transición política se entrelazan, dibujando un futuro incierto pero lleno de desafíos significativos.
