(in)Seguridad en Santa Fe: El proyecto oficialista que convierte a todos los santafesinos en culpables hasta que se demuestre lo contrario.

(in)Seguridad en Santa Fe: El proyecto oficialista que convierte a todos los santafesinos en culpables hasta que se demuestre lo contrario.

Seguridad en Santa Fe: ya es ley el control de IMEI y el paquete de herramientas de Pullaro espera su turno en el Senado

La Legislatura sancionó la norma que permite a la Policía pedir el código de los celulares en la calle, y Diputados aprobó por 37 votos a 11 el proyecto general de seguridad, que ahora debe definir la Cámara alta. El oficialismo logró el avance después de resignar los puntos más polémicos del texto original.

Dos proyectos del Ejecutivo santafesino, con destinos distintos, marcaron la agenda de seguridad en la Legislatura durante las últimas semanas. El primero ya cerró su recorrido: el Senado sancionó la ley que habilita a la Policía a exigir el código IMEI de los celulares en controles de rutina, sin necesidad de sospecha previa, orden judicial o investigación en curso.

El segundo, el paquete «Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública», todavía no es ley. Diputados lo aprobó el jueves 5 de noviembre por 37 votos afirmativos y 11 negativos y lo giró al Senado, donde se definirá su texto final. Para llegar a ese resultado, la coalición gobernante tuvo que ceder en las zonas de intervención policial especial y en los interrogatorios a imputados sin abogado, dos de los artículos más cuestionados por la oposición, la Corte Suprema provincial y los colegios de abogados.

UN SUEÑO HUMEDO ORWELLIANO

Conviene reconstruir cómo se llegó hasta acá. Los proyectos enviados por la gobernación comenzaron a moverse con velocidad en la Cámara de Senadores hacia septiembre. Allí obtuvieron media sanción, en un clima de aceleración institucional que después sería motivo de reproches. Al ingresar a la Cámara baja, en cambio, el ritmo cambió. Los diputados abrieron un proceso más largo, con audiencias, consultas a otros poderes y negociaciones políticas que se extendieron más de un mes. El resultado inicial fue una aprobación fragmentada: algunas iniciativas avanzaron, otras quedaron demoradas en busca de consensos, y la más ambiciosa de todas, el paquete general, ni siquiera llegó con dictamen de comisión.

Seguridad en Santa Fe

Entre las normas que sí avanzaron primero estuvo la reforma de la Defensa Pública Penal. La Cámara sancionó una ley que modifica un artículo y crea ocho cargos en el sistema de la Defensa Pública Penal. La sesión incluyó además la habilitación de unidades especiales para optimizar el funcionamiento del sistema. La reforma permite conformar programas o unidades especiales de la Defensa Pública, permanentes o transitorios, con competencia provincial, regional o interregional. La novedad más discutida fue una unidad destinada a la defensa técnica de los efectivos de la policía provincial.

La segunda iniciativa con avances concretos fue la de «lucha contra el robo y la reventa de celulares». En Diputados se aprobó con modificaciones, por 35 votos contra 11, lo que obligaba a devolverla al Senado. El punto central del proyecto es una facultad nueva para la Policía: pedir en la vía pública que cualquier persona exhiba el código IMEI de su teléfono. Ese número identifica a cada equipo y es el que se usa para bloquearlo cuando se denuncia un robo.

El Senado volvió a tratar el proyecto y lo sancionó definitivamente. La norma habilita a la Policía a exigir el IMEI durante controles de rutina, sin necesidad de sospecha previa, orden judicial o investigación en curso. El poseedor del dispositivo deberá permitir el acceso y mostrar el código. Hubo, además, un giro político llamativo. La sanción contó con el respaldo de todos los bloques del Senado, aunque en septiembre el peronismo de esa Cámara había rechazado el texto.

En Diputados, la oposición había advertido sobre los riesgos para derechos constitucionales ligados a la intimidad y al acceso a información privada. La intervención policial sobre el aparato abre preguntas sobre hasta dónde puede inspeccionarse el terminal y cómo se resguardan los datos personales que guarda su memoria. Aunque los defensores de la ley respondan que lo que se pide es un número, no el contenido del celular, el control es excesivo, porque transforma a todos los ciudadanos en sospechosos de robo.

UNA EXCUSA PARA ACUSARNOS

El proyecto modifica parcialmente cinco leyes provinciales, con un impacto especial en el Código Procesal Penal, donde introduce cambios en 14 artículos. El texto toca también las leyes de Inteligencia, de la Defensa y la orgánica de la Policía. La iniciativa nació con una ambición grande, en discurso, el gobierno justifica el control social mediante la violencia, la extensión de las facultades policiales y fiscales y el endurecimiento del régimen penitenciario, para supuestamente acelerar la investigación de delitos complejos. Una provincia que con la excusa de la violencia ligada al narcotráfico a puesto a todos sus ciudadanos en el banquillo de los acusados.

Hasta fines de octubre, el proyecto no tenía dictamen. El motivo no era la oposición, sino los desacuerdos dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe. Las diferencias giraban en torno al margen de atribuciones extraordinarias para la fuerza policial y a la delimitación de zonas especiales de actuación territorial en municipios y comunas. Sectores como el bloque socialista exigían más controles y una auditoría democrática de esas facultades.

El oficialismo no logró alcanzar un acuerdo interno para avanzar ese jueves y postergó una semana el tratamiento en la Cámara. A esa postergación se sumaba un dato que complicaba la aritmética: el peronismo y el Frente Amplio por la Soberanía habían anticipado un rechazo frontal, con el argumento de que no se debe ampliar el poder discrecional de las fuerzas de seguridad sin esquemas rigurosos de control civil y de protección de derechos humanos.

El freno no fue solo político. Mientras se discutía en comisión, la Corte Suprema, el Ministerio Público de la Defensa y el de la Acusación, los colegios de abogados y las universidades fueron convocados a opinar. El Colegio de Abogados de Santa Fe manifestó su profunda preocupación por varios contenidos del proyecto por afectar garantías constitucionales.

Desde la oposición, la crítica fue todavía más dura. El diputado Carlos Del Frade sostuvo que los proyectos devuelven a la Policía facultades que tenía en 1975 y 1976. Del otro lado, el discurso oficialista buscó un equilibrio. El diputado José Corral decidió ser más tibio en sus palabras pero defendió que el proyecto debía incorporar «límites estrictos» para evitar controversias constitucionales, y pidió no caer ni en un Estado débil ni en un garantismo que desproteja a las víctimas, lo que se olvido es que con este tipo de proyecto las victimas es usted, yo y todos nosotros.

Después de una semana de discusiones internas, radicales y socialistas encontraron un punto de acuerdo. Las conversaciones entre ambos espacios se extendieron hasta cerca de la medianoche del miércoles, y el jueves se retomó el debate en el plenario de las comisiones de Seguridad Pública y Asuntos Constitucionales, donde se acordó el dictamen que llegó al recinto. Ese consenso tuvo un precio. El oficialismo cedió en las zonas de intervención policial especial y en los interrogatorios sin abogado (si, esa aberración todavia estaba en carpeta), y se endurecieron los controles judiciales sobre allanamientos, cárceles, juicios en rebeldía y pruebas.

Las zonas especiales eran, quizás, la parte más polémica del texto original. Eran sectores donde la Policía hubiera podido establecer controles de acceso, identificar personas, requisar vehículos sin orden, restringir la circulación y demorar a personas hasta 48 horas, con arrestos de hasta 30 días por incumplir las disposiciones. Quedaron fuera. También se eliminó la facultad de la Policía de interrogar a imputados ante situaciones de peligro cierto.

En su lugar se conserva una declaración informativa bajo responsabilidad del fiscal, con garantías expresas: la persona puede conocer los motivos de su citación, acceder a las pruebas, guardar silencio, retirarse y contar con un abogado. Si renuncia a la asistencia letrada, sus dichos no podrán usarse como prueba de cargo, sino solo para orientar la investigación.

Se mantiene la facultad de desalojar, desmontar, bloquear o demoler inmuebles usados para actividades ilícitas, como los búnkeres de venta de drogas, esos que casualmente siempre encuentran en barrios perifericos. Aunque ahora las medidas provisionales deben ser reversibles y revisables judicialmente. Las demoliciones totales requieren un tribunal y una audiencia previa. Se conserva la ampliación de siete a nueve de los supuestos en los que se puede allanar sin orden judicial, con precisiones: en los casos de armas detectadas en la vía pública ya no alcanza una sospecha, y el juez debe revisar de oficio, dentro de las 24 horas, la legalidad de ciertos procedimientos.

En el régimen penitenciario se habilita el aislamiento individual y la suspensión de visitas, pero se exige que el interno realice actos que representen una amenaza grave, y el patio individual pasa de la inhumanidad de 30 minutos semanales propuestos a dos horas diarias.

El texto introduce, además, el juicio en ausencia. Según la información publicada, Santa Fe sería la primera provincia en aplicar esa figura. El fiscal deberá acreditar que el imputado conocía esa posibilidad y que se hicieron esfuerzos serios por garantizar su presencia. La autorización la resuelve un tribunal, escuchando antes a la víctima, y puede apelarse. Si la persona condenada se presenta después, podrá pedir que se retrotraiga el proceso.

También se redefinieron las excepciones a la regla de exclusión de pruebas obtenidas irregularmente, se exigió autorización judicial previa para la actividad de inteligencia que afecte sustancialmente la intimidad y se limitó el Fondo de Recompensas: una vez iniciada una investigación penal, el Ejecutivo ya no podrá ofrecer recompensas de oficio, sino a pedido del Ministerio Público de la Acusación.

La votación final dibujó un mapa político que difiere del que anticipaba el análisis previo. Los diputados de Unidos votaron a favor, con la ausencia de Fabián Cejas; el resto del peronismo (siete) votó en contra, junto a los tres del Frente Amplio por la Soberanía. Es decir que los bloques que habían anunciado un rechazo frontal lo mantuvieron, pero ese rechazo no alcanzó para frenar el proyecto.

El presidente del bloque socialista subrayó la mayor legitimidad de la iniciativa modificada, que sumó apoyos incluso fuera de Unidos. La diputada Lionella Cattalini, que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, fue más lejos. Sostuvo que el proyecto aprobado era mucho mejor que el que ingresó y que respeta la letra de la Constitución provincial reformada en 2025.

Desde el Gobierno, el tono fue celebratorio, aunque no exento de matices. El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, celebró la media sanción y dijo que otorga más herramientas para combatir el delito; admitió que algunas de las facultades ponen en «tensión» libertades, aunque, aclaró, no violan garantías. Esa frase pinta de cuerpo entero el destino del proyecto, la restricción de libertades, no solo eso, algunas herramientas directamente vulneran tratados internacionales. Aun la versión recortada concentra demasiadas facultades en el Estado. Para los oficialistas, el texto final equilibra eficacia y garantías, y deja menos flancos abiertos a planteos de inconstitucionalidad que deberían progresar.

APROVECHANDO LAS CORTINAS DE HUMO

Los grandes paquetes en materia de seguridad suelen tramitarse en momentos de atención pública dispersa: el cierre del año legislativo, los calendarios electorales, las preocupaciones climáticas como la llegada de El Niño. La advertencia que hacían, la de seguir de cerca lo que se debate cuando nadie mira, cobra otro sentido hoy. Los cambios de fondo en el Código Procesal Penal, en la inteligencia estatal o en el régimen de allanamientos no son una discusión técnica menor. La propia tradición legal ayuda a medir su dimensión. La base normativa de la Policía santafesina no se había modificado desde 1975 y el clima de epoca parece llevarnos de nuevo a esos lugares.

Queda ahora la tarea del Senado, que deberá decidir si acepta el texto tal como salió de Diputados o si introduce cambios que obliguen a volver a la Cámara baja. El oficialismo cuenta con una ventaja: el Senado fue la cámara que aceleró estas iniciativas desde septiembre, y la última votación de IMEI mostró un consenso amplio. Aunque el texto que llega es un minimo más moderado que el que el Ejecutivo envió, que este proyecto salga no deja de ser una disminución de las libertades individuales de los habitantes de esta provincia.

En definitiva, la historia de estas semanas muestra una dinámica conocida de la política santafesina. El Ejecutivo impulsa un paquete ambicioso, la coalición lo discute puertas adentro, los organismos judiciales y los colegios profesionales intentan marcar límites, y el texto final llega con alguna modificación, pero con apoyo suficiente. A nosotros nos queda la pregunta de siempre ¿quién nos defiende de la policia?

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