En los últimos tiempos, el debate sobre el pasado reciente de la Argentina ha cobrado una vigencia inusitada, impulsado por nuevas perspectivas que emanan desde el corazón del poder político. Casa Rosada publico un video por los 50 años del golpe centrado en recuperar una «memoria completa» una excusa cinica con el que se busca no solo relativizar los crimenes del terrorismo de Estado sino cruzar la linea de la reivindicación. Esto tiene un nombre claro: negacionismo institucionalizado.
La pieza realizada por el aparato de propaganda libertaria, se centra en relatos de personas que vivieron la violencia de la década de los setenta, pero desde una óptica que supuestamente no ha tenido tanto protagonismo en los discursos oficiales, aunque son historias que desde los medios negacionistas nos vienen repitiendo desde el momento mismo que Raúl Alfonsín asumió como presidente. Una de las voces principales es la de una nieta restituida, la número 127, quien recuperó su identidad en el año 2017. Su testimonio es central para la tesis del video, ya que sostiene que para sanar como ciudadanos es imperativo contar la verdadera historia, sugiriendo que durante mucho tiempo se ocultaron hechos y que la sociedad creyó en un relato incompleto.
El video también rescata la figura de Argentino del Valle Larrabure, quien se desempeñaba en una fábrica militar en la localidad de Villa María. Según el relato, Larrabure fue secuestrado en el año 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo, en una acción que dejó heridos y muertos. El secuestro se describe como uno de los más largos de la historia argentina, extendiéndose por más de un año, específicamente 372 días. Esta mención busca poner el foco en la violencia ejercida por las organizaciones armadas antes del inicio formal de la última dictadura militar.
Este tipo de contenidos busca cínicamente equiparar el accionar de grupos guerrilleros con el terrorismo de Estado, una teoría que la justicia argentina ha rechazado en reiteradas oportunidades. El enojo que despierta esta pieza audiovisual radica en que se intenta peligrosamente lavar la imagen de figuras condenadas por delitos de lesa humanidad. Es indignante que se expongan expropiadores condenados por crímenes atroces como desaparición forzada y sustracción de menores, como figuras paternales o de buena fe.
Armando Osvaldo Fernández, es un hombre acusado de gravísimos delitos, entre ellos tormentos, torturas y homicidio agravado. Presentar la historia desde el punto de vista de quienes defienden a estos personajes es un desprecio total por la memoria de las víctimas y por la lucha de organizaciones como las Abuelas de Plaza de Mayo.
En estos tiempo tampoco podemos obviar el papel de la CONADEP y el juicio a las juntas impulsado durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Aquel proceso fue una lucha constante contra sectores que se oponían a enjuiciar a los militares por temor a nuevos levantamientos. El pacto democrático se fundó, en gran medida, sobre la base de esa investigación histórica que hoy parece ser puesta en duda por el nuevo discurso oficial. Cuestionar estos cimientos puede poner en riesgo la convivencia democrática y los consensos alcanzados sobre el Nunca Más.
El impacto del video en la opinión pública ha sido dispar. Algunos sectores consideran que es necesario escuchar todas las voces para cerrar las heridas del pasado, mientras que otros lo ven como una provocación innecesaria que solo sirve para dividir más a la sociedad. La baja repercusión inicial en plataformas digitales sugiere que gran parte del público podría estar agotado de estas discusiones circulares. Sin embargo, el hecho de que sea la propia Casa Rosada la que impulse este contenido le otorga un carácter institucional que no puede ser ignorado por el análisis político.
