La deshumanización institucional y la alarmante falta de empatía en los espacios de control público volvieron a quedar en el centro del debate en la capital santafesina, tras un dramático episodio de violencia institucional que terminó con la vida de un vecino. El hecho, que involucra de manera directa a agentes del organismo de control de tránsito municipal, desató una profunda indignación en Santa Fe y reavivó los cuestionamientos sobre el rol punitivo del Estado, el maltrato hacia el ciudadano y los mecanismos de recaudación económica en un contexto de crisis social.
El lamentable suceso ocurrió cuando un vecino, identificado como Eduardo Villanueva, transitaba en su automóvil y fue interceptado por un puesto de control vial. De acuerdo con los testimonios recabados, dos inspectores le solicitaron la documentación correspondiente. Tras entregar los papeles en regla, uno de los agentes le informó, de manera sumamente violenta, que procedería a labrarle una infracción bajo el argumento de que su licencia de conducir se encontraba vencida. La víctima intentó explicar que, por tratarse de un carnet profesional, el documento mantenía su vigencia legal por varios años más, pero su justificación fue desestimada de inmediato por las autoridades.
En medio de la acalorada y tensa situación, el conductor comenzó a sufrir una severa descompensación física. Manifestó abiertamente a los inspectores que sentía un fuerte dolor en el pecho y que le faltaba el aire, un claro síntoma de un ataque cardíaco en curso. Lejos de activar los protocolos de emergencia médica o mostrar un mínimo gesto de solidaridad, la respuesta de los efectores públicos fue el desprecio y la incredulidad. Uno de los agentes llegó a asegurar que ya conocía ese tipo de reacciones y afirmó que el ciudadano solo estaba fingiendo para evitar la sanción y la inminente retención de su vehículo. Bajo esa premisa, impidieron que se llamara de manera urgente a los servicios de salud.
Ante la total inacción estatal, un vendedor ambulante que trabajaba en las inmediaciones se convirtió en el único auxilio de la víctima en sus últimos instantes, acercándose para ofrecerle agua e intentar calmarlo. Sin embargo, el cuadro médico empeoró rápidamente. Cuando los familiares y testigos lograron arribar al lugar de los hechos, el panorama era desolador: el hombre se encontraba en el suelo recibiendo maniobras de reanimación cardiopulmonar por parte de civiles y con espuma en la boca. Para entonces, los inspectores municipales ya se habían retirado del sitio, trasladándose hacia otra intersección céntrica y dejando al vecino completamente desamparado. Este accionar fue denunciado por la comunidad como un caso flagrante de abandono de persona.
Este trágico suceso expone una problemática mucho más profunda que excede el accionar individual de los agentes involucrados: la pérdida absoluta de la sensibilidad y el quiebre ético en la atención al ciudadano. Diversos analistas y comunicadores locales señalaron que el personal que ejerce el poder institucional en la vía pública suele olvidar que su función primordial debe ser pedagógica y de cuidado, y no meramente persecutoria. Cuando el uniforme y la autoridad formal anulan el sentido común y la piedad, el Estado se transforma en un agente de peligro para los mismos habitantes que debe proteger.
El debate también se traslada inevitablemente al terreno económico. Actualmente, las infracciones de tránsito en la región han alcanzado valores sumamente elevados debido a que se calculan en base a unidades ligadas al precio de los combustibles premium. En una sociedad fuertemente golpeada por la crisis, una sanción económica o la pérdida del medio de transporte en el corralón municipal significan un golpe devastador para la economía de cualquier familia trabajadora. La ciudadanía cuestiona que el afán por aumentar la recaudación fiscal se focalice casi exclusivamente en los sectores más vulnerables y en las zonas periféricas, mientras que las infracciones cometidas en las áreas de mayor poder adquisitivo, como el estacionamiento en doble fila frente a los colegios privados del centro, suelen ser ignoradas por las patrullas de control.
Asimismo, la experiencia del vecino frente a las oficinas administrativas del tribunal de faltas es descripta con frecuencia como un proceso de revictimización constante. Los ciudadanos se enfrentan a una burocracia fría, poco hospitalaria y carente de canales claros de orientación, donde las situaciones de vulnerabilidad económica extrema o las deudas familiares son completamente ignoradas por las autoridades de resolución.
A esta compleja realidad se suman las recientes reformas provinciales en las exigencias para la obtención de licencias de conducir, particularmente para motovehículos. Si bien estas normativas se justifican oficialmente bajo la necesidad de reducir los alarmantes índices de mortalidad en siniestros viales, en la práctica han generado un mercado paralelo de informalidad y precarización. Al no existir escuelas de conducción oficiales y accesibles, han proliferado negocios irregulares en las afueras de los centros de examen que alquilan rodados y ofrecen instrucciones breves a precios elevados, situaciones que muchas veces involucran a los propios miembros de las fuerzas de seguridad y de control.
Por otra parte, los exámenes prácticos actuales exigen maniobras complejas de esquive y frenado brusco que, según los propios conductores, parecen diseñadas para aprender a circular esquivando el deteriorado estado de la calzada asfáltica y los innumerables baches de los barrios, en lugar de promover una verdadera convivencia urbana. El mensaje institucional termina siendo contradictorio y desapegado de las necesidades reales de seguridad vial.
La muerte de Eduardo Villanueva no debe ser tratada como un hecho aislado, sino como la dolorosa consecuencia de un sistema que prioriza el castigo sobre la educación y la recaudación sobre la vida humana. La reforma integral de los cuerpos de inspección, la capacitación obligatoria en primeros auxilios y la recuperación de los valores éticos esenciales en la función pública son demandas urgentes de una comunidad que ya no tolera el maltrato ni la indiferencia.
