La retórica de la crueldad
La burla como política de Estado: cuando la supervivencia se reduce a una «falsa premisa»
En el teatro de la política contemporánea, el uso del lenguaje no es inocente. Cada palabra, cada inflexión y cada gesto de un mandatario delimitan las fronteras de lo decible, lo tolerable y lo empático. Cuando el presidente de la Nación, Javier Milei, se presentó en Neuquén y ridiculizó la dramática realidad de millones de argentinos al desacreditar la expresión «no llegar a fin de mes», no solo incurrió en una chicana verbal; consolidó una doctrina de gobierno basada en el desprecio explícito hacia las víctimas de su propio esquema macroeconómico.
La frase pronunciada por el jefe de Estado, que sugería en tono irónico que si las personas realmente se quedaran sin recursos el día 20 no podrían sobrevivir diez días sin comer ni beber, devela una desconexión ontológica entre la teoría económica de pizarrón y el padecimiento concreto del cuerpo social. Decir que «no llegar a fin de mes» es una «pelotudez del tamaño de una casa» no es un exabrupto desafortunado: es la negación sistemática del empobrecimiento, la desarticulación del sentido común y la naturalización de la miseria como un costo colateral aceptable en el altar de la consolidación fiscal.
¿Qué significa realmente «no llegar a fin de mes» en la Argentina actual? Lejos de la interpretación literal y reduccionista impulsada por el Poder Ejecutivo, la expresión sintetiza un proceso dinámico de angustia, endeudamiento y privación progresiva. Significa cortar consumos básicos, saltear comidas, dejar de pagar la factura de luz o de gas, liquidar pequeños ahorros, pedir prestado a familiares, caer en las garras de la usura de las tarjetas de crédito o las aplicaciones FinTech, y arrastrar una carga constante de incertidumbre.
Sin embargo, para la visión oficial, si el ciudadano no cae fulminado por inanición física en la vía pública al vigésimo día del mes, el reclamo carece de validez empírica. Esta paradoja discursiva oculta una violencia simbólica feroz: la víctima debe justificar su dolor demostrando un grado de indigencia absoluta, mientras que la pérdida del poder adquisitivo —el vaciamiento silencioso pero implacable del salario y la jubilación— queda anulada como demanda social legítima.
El eclipse de la tradición presidencial: del peso de la investidura a la retórica de la crueldad
Haciendo una reflexión histórica profunda sobre la figura de la primera magistratura en la Argentina democrática. A lo largo de las últimas cuatro décadas, con aciertos, errores trágicos y crisis sistémicas, la investidura presidencial mantuvo un marco mínimo de solemnidad, responsabilidad institucional y lenguaje apto para la representación del conjunto de la sociedad.
Incluso en los momentos de mayor polarización o tensión geopolítica, la respuesta del liderazgo político conservaba una noción del «pueblo» y de la dignidad del Estado. El recuerdo de Raúl Alfonsín sosteniendo la postura soberana del país frente al propio George H. W. Bush en los jardines de la Casa Blanca o enfrentando a los sectores corporativos en el predio de la Sociedad Rural Argentina sintetiza una concepción de la política basada en el carácter, la doctrina y la defensa del colectivo nacional.
Del mismo modo, gestiones de signos ideológicos diversos —desde el pragmatismo de Carlos Menem hasta las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, e incluso la gestión de Mauricio Macri— guardaron, cada una dentro de sus propios límites y estilos corporativos, una compostura que respetaba las formas republicanas esenciales en el escenario internacional e interno. Podía criticarse de manera feroz el modelo socioeconómico o las alianzas estratégicas de cada mandatario, pero raramente se ponía en duda la existencia de una lógica política comprensible o de un sentido básico del decoro en el ejercicio del mando.
Con la irrupción del modelo libertario, se produce una ruptura cualitativa. No se trata de un simple cambio de estilo o de un tono informal adaptado a las dinámicas de las redes sociales; estamos ante la instauración del desacato, el insulto y el orgullo de la provocación como método de gestión. El presidente ya no busca representar al conjunto de la Nación, ni siquiera conciliar con los sectores golpeados por sus medidas; busca humillar al adversario y ridiculizar a la víctima.
Cuando la mirada internacional observa estas intervenciones, la perplejidad es absoluta. ¿Cómo un país de vasta tradición cultural, institucional y diplomática pasó de tener estadistas de peso a contar con un liderazgo que celebra la crueldad retórica ante la pérdida de ingresos de sus ciudadanos? La traducción literal de los discursos oficiales en los foros internacionales expone a la Argentina a una degradación diplomática inédita, donde el desacople entre la retórica ideológica y la realidad social se vuelve un espectáculo macabro.
Anatomía del empobrecimiento: la espiral del endeudamiento familiar y el abandono estatal
Detrás de la provocación discursiva se esconde una realidad material aplastante. La pérdida del poder adquisitivo en la Argentina no es un fenómeno abstracto que se mide únicamente en puntos porcentuales de inflación o en gráficos de consumo masivo; es una tragedia humana cotidiana que erosiona el tejido social.
El corte arbitrario y la ralentización en la entrega de medicamentos de alta complejidad y tratamientos oncológicos por parte del Estado nacional, sumados al desmantelamiento de la cobertura total para los jubilados y pensionados, representan la cara más dramática de la consolidación fiscal. La reducción de las partidas presupuestarias en áreas críticas de salud y asistencia no se traduce en «eficiencia administrativa»; se traduce de manera directa en la pérdida de vidas humanas, en el agravamiento de enfermedades crónicas y en la desesperación de miles de familias que deben elegir entre comer o comprar la medicación que les sostiene la vida.
Asimismo, el fenómeno del endeudamiento privado ha alcanzado niveles insostenibles. Ante el colapso del salario real y de los ingresos de la economía informal, la población no ha dejado de consumir porque haya «adaptado» su presupuesto a un nuevo punto de equilibrio: ha postergado el colapso mediante el financiamiento.
La espiral del endeudamiento familiar comienza con la caída del salario real y las jubilaciones, lo que empuja a un aumento inevitable en los costos fijos de tarifas, alquiler y alimentos. Para hacer frente a estos gastos básicos, las familias recurren al uso de tarjetas de crédito y préstamos de FinTech, lo que deriva en el abono de pagos mínimos y la acumulación de intereses usurarios que culminan en morosidad, inclusión en el Veraz, pérdida del crédito y una profunda desesperación social.
Las familias recurren al crédito no para adquirir bienes durables, realizar viajes o mejorar su patrimonio, sino para cubrir los gastos fijos de la subsistencia diaria: la compra de alimentos en el supermercado de barrio, el pago de la tarifa de luz o gas y la renovación del alquiler. Este mecanismo genera un círculo vicioso implacable:
- El ingreso mensual se agota en las primeras dos semanas debido a los altos costos fijos.
- Se recurre al financiamiento con tarjeta de crédito o préstamos personales a tasas usureras.
- Al mes siguiente, el ingreso disponible se reduce aun más debido al pago de los resúmenes y los intereses acumulados.
- La persona cae en una situación de morosidad irreversible o incobrabilidad bancaria, quedando marginada del sistema formal y sumergida en la angustia financiera.
Lejos de comprender esta dinámica, la retórica del Poder Ejecutivo transforma un drama de subsistencia en un ejercicio de cinismo. Para el gobierno, la proliferación de deudas familiares no es el síntoma de un modelo recesivo que destruye el empleo y los ingresos; es simplemente una distorsión temporal de la «morosidad» que preocupa únicamente en la medida en que pueda afectar el balance de las entidades financieras o de las grandes plataformas del comercio electrónico.
La batalla del lenguaje: «Endeudados» versus «Morosos»
Raúl Martinez en el programa que compartimos los jueves a la noche (fragmento que podrán ver si sigue leyendo esta nota) plantea la diferencia semántica e ideológica entre denominar a la población golpeada como «endeudados» o como «cartera de morosidad». La elección de la palabra no es un detalle técnico; revela la matriz filosófica con la que el Estado mira a sus ciudadanos.
Existen dos formas opuestas de entender el fenómeno del endeudamiento. La perspectiva humana y social, que habla de “endeudados”, pone en el centro al trabajador, al jubilado, al monotributista y a las familias. Plantea que el problema es la pérdida de soberanía económica de los hogares y la emergencia alimentaria, y lo atribuye a la caída imprevista del salario real y a la desregulación de los precios esenciales. Desde este enfoque, se espera que el Estado regule la usura, proteja el ingreso y brinde contención social. En cambio, la perspectiva financiera y tecnocrática, que habla de “morosidad”, coloca como sujeto central al banco, a la entidad financiera y a la plataforma de crédito. Su preocupación es el riesgo de cobro, el deterioro de la cartera y las pérdidas en el balance, y responsabiliza al deudor individual por no administrar bien sus recursos. Por eso, reclama un Estado que desregule el sistema financiero y garantice el cobro del capital.
Cuando la oposición política, los movimientos sociales y el pensamiento crítico hablan de los endeudados, sitúan el problema en el plano de los derechos humanos y la justicia distributiva. Reconocen que las familias cayeron en la trampa del crédito no por irresponsabilidad personal, sino por la imposibilidad material de hacer frente a una canasta básica que crece a un ritmo infinitamente superior al de sus haberes. Hablar de endeudados implica ponerse del lado del trabajador que empeñó su futuro para pagar la luz o la comida de sus hijos.
Por el contrario, cuando la tecnocracia oficial utiliza la categoría de morosidad, el foco de empatía se desplaza de manera automática hacia las instituciones financieras. El ciudadano desaparece como sujeto de derechos y se convierte en una cifra defectuosa dentro del sistema de cobros. Lo que al gobierno le preocupa no es que la gente no pueda comer, sino que las corporaciones financieras, las plataformas de microcréditos y los grandes grupos concentrados de la economía vean afectada su tasa de ganancia por una tasa de incobrabilidad en aumento.
Esta mirada desalmada explica la inacción deliberada frente a las leyes contra la usura. A pesar de que el ordenamiento jurídico argentino cuenta con herramientas para regular las tasas de interés abusivas y proteger al eslabón más débil de la cadena económica, el Ejecutivo decide deliberadamente ignorar estas salvaguardas. La desregulación financiera absoluta deja al monotributista y al trabajador precarizado a merced de mecanismos de cobro extorsivos, donde los intereses acumulados multiplican exponencialmente deudas originales de montos insignificantes.
El costo político y social de la insensibilidad: ¿el fin de la tolerancia o la consolidación del colapso?
El cinismo como estrategia de comunicación política tiene un límite biológico y social. Se puede manipular la agenda mediática, desplegar granjas de troles en las redes sociales y desviar la atención con batallas culturales estériles, pero no se puede borrar la realidad objetiva de la heladera vacía.
Los datos revelados por consultoras de opinión pública como ad hoc señalan un viraje significativo en el clima social: la imagen negativa del presidente superó el 56%, registrando un aumento sustancial inmediatamente después de sus agravios a quienes no llegan a fin de mes. El episodio no solo fue el tema más comentado en el ecosistema digital, sino que provocó un rechazo transversal en sectores que anteriormente mantenían una actitud de expectativa o tolerancia hacia el plan gubernamental.
Tras las declaraciones del presidente en Neuquén, donde afirmó que “no llegar a fin de mes es una pelotudez”, el clima de opinión pública se deterioró rápidamente. Primero se registró un pico de menciones negativas en redes sociales y medios. Luego, su imagen negativa llegó al 56%, cinco puntos por encima del promedio. Como consecuencia, creció el descontento en los sectores medios y entre los trabajadores endeudados.
Existe, no obstante, un fenómeno sociológico perturbador que el análisis periodístico no debe obviar: la persistencia de un núcleo duro de apoyo que aún no responsabiliza directamente al presidente por su deterioro económico personal. ¿Cómo se explica que, en medio de un ajuste feroz, un porcentaje de la población continúe disculpando al liderazgo oficial?
La respuesta reside en la profunda crisis de representación que arrastra la Argentina. El recuerdo del fracaso de administraciones anteriores ha dejado una huella de escepticismo extremo en la sociedad. El aparato de propaganda libertario explota esta herida de manera sistemática, instalando la falsa premisa de que cualquier alternativa al ajuste actual supondría un retorno al caótico pasado.
Sin embargo, la historia demuestra que ningún consenso político puede sostenerse indefinidamente sobre la premisa del sufrimiento perpetuo. A medida que el calendario avanza y el horizonte de recuperación económica se dilata, la brecha entre la narrativa gubernamental y la vivencia cotidiana se vuelve insalvable. A doce meses de las elecciones de término medio, el deterioro constante de la imagen ejecutiva marca una tendencia declinante difícil de revertir con puras proclamas ideológicas o agresiones verbales.
Geopolítica de la sumisión: el abandono de la causa Malvinas en el altar del alineamiento dogmático
La desatención de la soberanía popular interna se complementa de manera trágica con el entreguismo en el plano internacional. La encrucijada diplomática a la que el gobierno libertario arrastra a la Nación tras la solicitud de la administración estadounidense de Donald Trump para disolver el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no es algo inocuo.
El Comité de Descolonización ha sido, históricamente, el foro diplomático multilateral por excelencia donde la República Argentina ha ratificado de forma ininterrumpida sus derechos imprescriptibles sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. La pretensión de Washington de calificar a este espacio como un «despilfarro de recursos» no busca la eficiencia administrativa, sino la desarticulación de los mecanismos multilaterales de reclamo de los países del Sur global frente a las potencias coloniales e imperialistas.
La respuesta tibia del vocero oficial argentino, admitiendo que el pedido de Trump se encuentra «en análisis», constituye una afrenta directa a la memoria de los caídos en el Atlántico Sur y una claudicación jurídica sin precedentes. Apoyar la eliminación del comité para complacer los intereses geopolíticos de los Estados Unidos implica desmantelar el principal andamiaje diplomático que respalda el reclamo soberano frente a la usurpación británica.
Esta contradicción pone de manifiesto la verdadera naturaleza del alineamiento internacional del gobierno: no se trata de una política exterior pragmática orientada al desarrollo nacional, sino de una actitud de subordinación ideológica ciega. Así como en el plano interno se abandona al jubilado, al enfermo y al trabajador empobrecido en nombre del «libre mercado», en el plano externo se está dispuesto a hipotecar la soberanía territorial a cambio de la aprobación de las potencias hegemónicas.
La imperiosa necesidad de reconstruir la empatía y la soberanía
La Argentina atraviesa un experimento político que ha elevado la insensibilidad a la categoría de dogma de gobierno. Burlarse de la pérdida del poder adquisitivo, descalificar el sufrimiento de las familias que no logran cubrir la canasta básica y tratar a la población trabajadora como una mera «cartera de morosos» a disciplinar son manifestaciones de un modelo que prescinde de la noción fundamental de comunidad. Cuando un Estado renuncia a proteger a sus ciudadanos más vulnerables, cuando considera que el acceso a la salud, a los medicamentos y a la alimentación es un privilegio prescindible y cuando somete su política exterior a los dictados de intereses extranjeros, pierde su razón de ser.
Frente a la doctrina del desprecio lo que nos queda es el deber insustituible de nombrar las cosas por su nombre:
- La imposibilidad de llegar a fin de mes no es una slogan barato; es la consecuencia directa de una política de transferencia de recursos desde los sectores populares hacia los sectores concentrados.
- El endeudamiento de los hogares no es irresponsabilidad individual; es un mecanismo de supervivencia desesperado ante el colapso del salario.
- Y la soberanía nacional no es un gasto prescindible, sino el pilar innegociable de una patria justa y libre.
La reconstrucción de la Argentina no vendrá del cinismo ni del olvido. Vendrá de la capacidad del pueblo de organizarse, de recuperar la memoria histórica y de exigir un liderazgo que entienda que gobernar no es humillar a los débiles, sino defender la dignidad de cada habitante de la Nación.
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